sábado, 27 de abril de 2013

El Poder Judicial bajo asalto. El asedio neoliberal de la justicia


Desde hace varios meses se vienen observando una serie de acontecimientos que, al ponerlo juntos, tienen una regularidad, un esfuerzo por cooptar el Poder Judicial en sus más altas instancias, tratando de que los puestos de magistrados(as) sean ocupados por personas que respondan a un perfil ideológico afín a ciertos intereses económicos.

Estos intereses económicos los podemos identificar con los sectores interesados en impulsar y consolidar uno que responda a las lógicas neoliberales. Son aquellos sectores vinculados directamente con un modelo exportador, desregulador en lo económico y altamente autoritario en lo social. Es el modelo de quienes están vinculados a los intereses privados para obtener concesiones de obra pública, contratos multimillonarios para ejecutar tareas que debería realizar el Estado. Son quienes han creado una corrupta simbiosis entre lo público y lo privado. Bien lo ha sintetizado el diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional cuando declaró que: 
Nosotros (el PLN) no vamos a elegir, por ejemplo, a un magistrado que se oponga al modelo de desarrollo económico que este país definió en un referéndum. Si nos sale un magistrado que dice que él no cree en este modelo de desarrollo y que cree en el estatismo, no lo vamos a elegir” [1]. 
Vale aclarar que quienes tienen esos intereses no operan directamente, lo hacen a través de sus agentes políticos, como es el caso de Molina.
Fabio Molina, jefe de fracción
del PLN ha operado como el
principal agente político para
lograr un Poder Judicial fun-
cionalizado a los intereses e-
conómicos neoliberales.

El hecho en que este asedio quedó patente para la sociedad costarricense se da cuando se intentó frenar la reelección de Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional. Ya en ese momento los argumentos que se esgrimieron fueron en la línea de las declaraciones arriba consignadas del diputado Molina.

Esta estrategia de coptación del Poder Judicial se ha vuelto a manifestar ante la muerte de Luis Paulino Mora, que fungía como Presidente del Poder Judicial. Desde su muerte se ha venido dilatando la elección de su reemplazo. Y esto puede ser indicativo de fuertes tensiones de orden político e ideológico al seno de la Corte Plena. Magistrados(as) más conservadores no lo aceptan así. Sin embargo, sí han habido voces que lo han señalado como tal.

Así, por ejemplo, Rolando Vega, magistrado de la Sala II, manifestó en el periódico La Nación que: 
“Se está evadiendo (la elección del presidente del Poder Judicial), y es por cálculos políticos, a nivel interno, de las personas que, probablemente, no han manifestado su interés real de aspirar a la presidencia y están esperando que otras personas se desgasten”. 
En esa misma línea se manifestó el magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz, al manifestar que: 
“No hay duda de que sí hay un estira y encoge que tiene que ver con cálculos: los que creen que debe ser más lento o están pensando en alguna persona, o también tienen aspiraciones o creen que no ha salido el candidato”. [2]
La última manifestación ocurrió precisamente ayer, 26 de abril, cuando en una votación secreta y privada, la Sala III decidió no reelegir a José Manuel Arroyo como presidente de este tribunal. En su lugar se eligió a Carlos Chinchilla. Esta decisión debe, entonces, contextualizarse para logra demostrar lo que manejamos como hipótesis de este túnel: Hay una intención de crear una hegemonía absoluta en el Poder Judicial, de tal manera que ciertos intereses, identificables con lógicas neoliberales, posean un brazo represor por un lado y legitimador por el otro.
Arroyo (izq.) y Chinchilla (der.) representan dos polos
de la concepción de lo que debe ser la justicia penal.
Arroyo representa una visión más amplia mientras que
Chinchilla representa una visión que se ha caracteriza-
do como "populista punitiva"

Un mal inicio.

Lo primero que llama la atención es el absoluto secretismo y opacidad con la que ocurrió este evento. La misma prensa debió consignar un hecho increíble en estos casos. Al preguntarse sobre detalles de la elección, simplemente recibieron, de parte de la Oficina de Prensa del Poder Judicial un escueto no darían declaraciones. [3]

Este mal inicio, autoritario y desvinculado de la transparencia y rendición de cuentas, ya de alguna manera lo advertía el mismo Arroyo. En una nota al respecto en el medio digital CRHoy, este magistrado decía que “...ha trabajado muy fuerte en la instauración de los Tribunales de Flagrancia, y la implementación de los Tribunales de Apelaciones, por lo que de no quedar electo, a los costarricenses se les deberían explicar las razones de esa decisión. [4] El no haberlo hecho ya denota tensiones fuertes.

A Chinchilla se le puede caracterizar como un “populista punitivo”, según la definición que propuso Federico Campos en un artículo del 2009, publicado en La Nación. Para este abogado, el populismo punitivo “... propugna –en perjuicio de los ciudadanos– por un sistema de derecho penal más represivo y con garantías degradadas. [5]. Por el contrario, Arroyo representa lo que, despectivamente, estos populistas punitivos han denominado “garantistas” o “abolicionistas”. Según el mismo Campos, en su artículo, Chinchilla se ha referido al garantismo como “permisivo y alcahueta”. ¿Lo es? La respuesta viene en ese mismo texto: 
El garantismo penal no pretende jamás favorecer la impunidad y menos a quienes cometen hechos delictivos. El garantismo penal en un Estado de Derecho es aquel que defiende “a capa y espada” la tutela de las garantías que están contempladas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los ciudadanos y las ciudadanas requieren estas “herramientas útiles” (garantías) para evitar que quienes ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades que menoscaben sus derechos y libertades públicas.” [5]. 
Más adelante presentaremos algunos hechos que podrían confirmar esta dicotomía que planteamos.

La elección de Chinchilla.

Chinchilla ha estado siempre vinculado al Poder Judicial. En 8 de enero del 2007, después de una serie de largas sesiones de votación, fue electo con el voto de 38 diputados de la Asamblea Legislativa. Las fracciones que le apoyaron fueron las de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario, además de los diputados Guyón Massey y José Manuel Echandi.

El que haya sido electo fue producto de una negociación entre los partidos consignados y presiones que se ejercieron sobre Echandi, a pesar de que él lo negó siempre. La nota periodística de La Nación así lo consigna: “En un receso decretado en medio del fragor de la sesión, a Echandi lo rodearon unos diez diputados, incluida la jefa de fracción verdiblanca, Mayi Antillón.” [6]

La Asamblea Legislativa ha implementado un sistema de calificación, en una visión positivista, para recomendar al Plenario los candidatos más “aptos” para cualquier puesto. No siendo esta recomendación vinculante, al final muchas veces es un ejercicio en vano. De hecho así fue en el caso de Chinchilla. La terna recomendada contemplaba a Francisco Dall'Anesse, Rónald Salazar y Alfredo Chirino. Carlos Chinchilla tenía la cuarta mejor calificación. [7]

Durante el proceso, Dall'Anesse y Chinchilla eran los dos contedientes al puesto. En un momento dado, Dall'Anesse abandona. Un abandono no excento de cuestionamientos, tal y como lo denunció en su momento Alberto Salom, diputado del Partido Acción Ciudadana, al hablar de “negociaciones oscuras” enfocadas a lograr este retiro. Pero la denuncia va más allá: “Es un hombre (Carlos Chinchilla) con tradición y le deseo lo mejor, pero alrededor de él hubo negociaciones entre las fuerzas tradicionales y, tarde o temprano, se sabrán. Creo que el Tratado de Libre Comercio estuvo de por medio”. [8]

Chinchilla y sus posiciones

Trataremos ahora de presentar una serie de situaciones en las que Chinchilla se ha manifestado como un populista punitivo.

El disciplinamiento laboral autoritario: Para ilustrar la visión autoritaria de Chinchilla en las relaciones jerárquicas nos servirá el caso de la jueza penal de Pavas Kathya Jiménez. Dicha funcionaria judicial, en un caso de narcotráfico, en el 2011, le brindó a los inculpados arresto domiciliario. Su decisión fue criticada y vista como un error por parte de la jueza. Sin embargo, la forma en que se asume la medida correctiva fue absolutamente diferente entre Arroyo y Chinchilla. El primero se opuso a imponerle sanciones, ya que para él “...como todo ser humano, se pueden equivocar y que las vías para controlar esos errores son procesales y no disciplinarias.” [9] Mientras tanto, Chinchilla se mostró inflexible: “La jueza Jiménez identificó adecuadamente los presupuestos para la imposición de una medida cautelar, pero erró en la escogencia de las medidas sustitutivas (casa por cárcel) pues la alternativa no permitía razonablemente evitar la fuga de los acusados” [9]. Al final se impuso el criterio punitivo de Chinchilla, a la jueza se le impuso una rebaja de un mes de salario. Arroyo, preocupado, sentenció en ese momento: “...se les está mandando un mensaje a los jueces de que en cierto tipo de asuntos solo se tiene que aplicar la prisión preventiva porque, de lo contrario, se podrían enfrentar a una investigación disciplinaria” .[9]. Ahora que es presidente de la Sala III, ¿se cumplirán los temores de Arroyo?

El ethos aristocrático: La Sala III tiene como objeto de trabajo conocer los recursos de casación en materia penal, incluidos los casos complejos de corrupción. Uno de estos casos complejos es el que se conoce como Caja-Fischel. En este caso que conmocionó a la sociedad costarricense, uno de los imputados y condenados es el expresidente Rafael Angel Calderón Fournier, electo por el Partido Social Cristiana. Chinchilla fue uno de los cinco magistrados(as) que conocieron la casación. Pero en el transcurso ocurrieron dos situaciones importantes en las que estuvo involucrado Chinchilla.

En contra de su posición, con Calderón Four-
nier, Chinchilla se comportó garantista.
Primeramente, Chinchilla se plegó a una opinión levemente mayoritaria (3 de 5) que permitió una recalificación del delito que se le imputaba a Calderón Fournier y que, a la larga, rebajó la condena y con ello evitó cumplir pena en cárcel. En la reseña de la sentencia se pudo leer que: 
Ramírez, Pereira y Chinchilla decretaron la nulidad de la prueba documental recabada en Panamá, la cual formaba parte de una serie de evidencias bancarias provenientes de cinco países. La decisión también anuló todos los elementos probatorios de la sentencia que dependían directamente de esa prueba panameña. Con relación a este tema, Arroyo y Víquez salvaron el voto. (…) Ramírez, Pereira y Chinchilla declararon con lugar una parte del recurso de casación de Juan Marco Rivero y Gonzalo Fajardo, ambos abogados del expresidente Calderón. Como consecuencia, se recalificaron los delitos atribuidos a Calderón y se le redujo la pena.” [10].
Curiosamente, en este caso Chinchilla no demuestra tanta dureza con los reos objeto de penas de cárcel, como sí lo ha hecho en otros casos que presentaremos más adelante.
En esos mismos días, la Fiscalía General de la República recibe una denuncia en que, supuestamente, la esposa de Calderón Fournier y diputada, Gloria Bejarano, había efectuado llamadas a los(as) magistrados(as) para, aparentemente, tratar de influir en su decisión. Este órgano decide actuar de oficio e inicia una pesquisa preliminara para determinar si existía alguna evidencia al respecto. Sin entrar en detalles, la denuncia se archivó al no haber suficientes indicios. Chinchilla fue objeto de esta pesquisa, y al conocer el hecho monta en furia olímpica. De alguna manera su enojo radicaba en que consideraban que la Fiscalía no debía investigarles, supongo, que únicamente en virtud de su investidura. ¿Se quiere un ethos aristocrático más palpable? [11].

Populista y punitivo. La dimensión populista y punitiva de Chinchilla es evidente en la discusión que se está dando, con menor intensidad en estos días, por el proyecto de ley conocido como de Brazalete Electrónico. Dicho proyecto ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa y lo que pretende es que se use un brazalete electrónico para realizar una vigilancia de la ubicación, en tiempo real, de personas a las que se les haya concedido el beneficio de la ejecución condicional de la pena. Los brazaletes se usarían para casos de prisiones preventivas, libertades condicionales, condenados por primera vez a seis años o menos, mujeres embarazadas y/o con hijos menores y reos enfermos. [12]. Asimismo, su aprobación debería pasar por el análisis y aprobación del Instituto Nacional de Criminología. La Jefa de la Defensora Pública argumentaba que: ”Son casos en los que todo el proceso de preparación y etapa de investigación haya servido para demostrar que no es conveniente que ingrese a un sistema donde puede contaminarse por agresiones, violaciones y la muerte en las cárceles” [13]. Parece sensato y razonable lo que se plantea, y sobre todo, pensando en la reinserción de estas personas a la sociedad.

Pero Chinchilla parece opinar diferente. Inmediatamente sale a la prensa, que dicho sea de paso le brinda espacio, para cargar en contra. Para este magistrado, cualquier persona condenada es peligrosísima (sic): “Si nuestro país quiere que más delincuentes peligrosos anden en la calle, aprobemos esta ley como está. Si quieren más seguridad jurídica y ciudadana, no podemos aprobar este proyecto de ley porque es peligrosísimo”. [14]. El miedo como mecanismo de control social, tan querido y bien aplicado por el capitalismo neoliberal, al menos en nuestros días.

Después carga con las falacias. Al contrario de lo que se expuso por parte de la Defensoría Pública, Chinchilla da unas declaraciones alarmistas y falaces: “con el proyecto les estamos diciendo a las personas que si cometen un hecho delictivo que no va más allá de los 6 años (de prisión) y son primarias, el juez podría ponerle mecanismo electrónico y salir en libertad”. [14]. Y claro está, justifica esta postura como una aberración ideológica: ”Esto viene de la idea de corrientes abolicionistas que quieren destruir el sistema penal. Estamos para fortalecerlo y no es brindando mayores garantías a los sentenciados” [14]. Por cierto, no sé si fue un gazapo o es lo que realmente piensa, pero nótese como confunde los términos garantías con beneficios.

Dicho sea de paso, las estadísticas del Poder Judicial
Las cárceles costarricenses están hacinadas.
Sin embargo, Chinchilla descalifica cualquier
propuesta que busque alternativas.
indican que el beneficio de la libertad condicional en Costa Rica no es tan generoso como parece. Entre el 2010 y el 2012 solamente contaron con este beneficio 451 personas. Si a esto le unimos que las visiones punitivas de cárcel del ejercicio de la justicia penal en Costa Rica se han venido imponiendo (parece ser la única salida a la comisión de delitos), hecho que ha ocasionado un sobrepoblamiento de los centros de reclusión; tenemos una tasa de encarcelados de 323 personas por cada 100 mil habitantes (el máximo aceptable es de 204 por cada 100 mil), se entiende también la necesidad social de buscar formas alternas de cumplimiento de pena. Lástima en que todo este debate nunca apareció la discusión de cuales son los motivos reales.

Porque una discusión de este tipo debería llegar a la conclusión de que se trata de una cuestión sistémica, de que al final de cuentas es el actual modelo lo que favorece este aumento del hecho delictivo. Y esto no sería crear un buen ambiente para los negocios. Así, Chinchilla nos ofrece la solución más facilona, barrer la basura debajo de la alfombra, esconder el hecho para obviar las causas.

Referencias














martes, 23 de abril de 2013

Actores y lógicas de la lucha contra OAS. Una visión personal.


Se cayó la concesión de la carretera a San Ramón. Ayer la presidenta Chinchilla, por cadena de televisión, anunció que de mutuo acuerdo con la Constructora brasileña OAS, beneficiaria de segunda mano de esa concesión de obra pública, daban por acabado el contrato.

Esta coyuntura se desarrolló de modo vertiginoso en cosa de tres semanas. El anuncio del contrato, presentado desde el Ejecutivo como un triunfo, se convirtió en un catalizador para concitar apoyos de múltiples actores sociales, provenientes desde diversos intereses políticos y económicos, para oponer resistencia. En las celebraciones del 11 de abril en Alajuela quedó patente que el malestar de “los de abajo” atemorizó a “los de arriba”, tanto que, literalmente, se aislaron de quienes se manifestaron y de paso la policía dio una buena tanda de golpes y garrotazos. Pero no funcionó, simplemente se fortaleció la resistencia y, con ello, el ejercicio de poder se vio también disminuido.

Dado que los acontecimientos están en desarrollo, tratar de proponer elementos analíticos puede ser un ejercicio que, o bien se vuelve obsoleto desde un inicio, o bien sería incompleto. Pero igual me arriesgaré a ello. Hay dos elementos que creo deben tenerse en cuenta; por un lado los actores del conflicto y por otro las lógicas que orientaron las discusiones.

Los actores y actrices

Contrario a lo que el sentido común podría sugerir, quienes se agruparon en las acciones de resistencia contra la concesión no formaban un grupo homogéneo, al menos en cuanto a sus motivaciones.

Los actores y actrices de la izquierda: Una izquierda no necesariamente partidaria pero con
La izquierda se vinculó fuertemente para a-
poyar el movimiento de resistencia.
una organicidad básica que le permite realizar acciones y articular discursos que rápidamente calan entre la población, con la condición de que exista una carga de subjetividad que les haga propensos a aceptar estas acciones. Es así como se notó una rápida incorporación de partidos como el Frente Amplio (FA) y el Partido de los Trabajadores (PT), y de organizaciones sindicales como el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), cuya dirección desde hace bastantes años ha estado en manos de cuadros provenientes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Debe aclararse que en el caso del SINDEU no es una correa de transmisión del PRT, ya que también hay personas provenientes del Partido Vanguardia Popular (PVP) así como del FA, PT y muchas otras que no se afilian a ningún partido.

Los Comités Patrióticos: Una expresión de organización que se da en el marco de la resistencia contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Si bien es cierto estos Comités Patrióticos se debilitaron y desaparecieron posterior a la realización del plebiscito, no significa esto que su experiencia se haya diluido; por el contrario, dejó múltiples enseñanzas de como organizarse y de como generar acuerdos entre diversas personas sobre bases mínimas. Estas bases mínimas
La presencia de los Comités Patrióticos era evidente en
elementos estéticos, como el uso del corazón de NO
actualizado para oponerse a la concesión.
pasaban, por ejemplo, por que no se aprobara el TLC o por eliminar la concesión. Reivindicaciones que por su sencillez permitían el trabajo colectivo pero que a su vez se convertían en una espada de Damócles, nunca se explicitaron las motivaciones y ello hubiera llevado, en mi concepto, a una división profunda en el caso del TLC y es la misma amenaza que hoy se cierne sobre quienes se agruparon en el llamado Foro de Occidente.

La comunidad: Pequeños agricultores, pequeños comerciantes, trabajadores(as) por cuenta propia o que deben movilizarse. Simple y llana ciudadanía de sectores medios y bajos que sienten un estrangulamiento de sus condiciones de vida. No en balde hace unos días circuló la noticia de un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en que se señala que el salario promedio en Costa Rica se ha estancado en los últimos años. El argumento de los aumentos gigantescos en los montos de los peajes podrían haber sido vistos como una amenaza directa a las ya de por sí deterioradas condiciones de reproducción material de estos sectores.

La derecha de “oposición”: No fue raro escuchar, y ver, dirigentes de partidos como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Movimientos Libertario (ML) hablando en contra de la concesión. Pero estas manifestaciones creo deben matizarse en el tanto nos encontramos en un año electoral. Al fin y al cabo no son ni ciegos ni sordos. La coyuntura es demasiado tentadora para dejarla pasar y tratar de crear un diferencia, aunque sea más de forma que de fondo, entre sus partidos y el partido en el gobierno, el Partido Liberación Nacional (PLN). Porque es evidente que en la caso de estos partidos, siempre han abogado por políticas que buscan encoger el Estado, ya sea de manera paulatina (PUSC) o bien de manera acelerada y de choque (ML).

El PLN y su puñalada por la espalda a Chinchilla: Chinchilla recibió el peor de los (des)apoyos de parte del partido al que pertenece en esta coyuntura. Fue realmente patético ver al presidente de dicha agrupación, Bernal Jiménez, clamando ante un grupo de enfurecidos manifestantes en Alajuela el 11 de abril de “yo estoy con Ustedes”. Ya haya sido por el temor que embargó a este anciano para ver como salía del brete en que estaba metido, o bien que su olfato le indicó que era mejor sacrificar a la presidenta en aras de mantener intactas las posibilidades de un tercer triunfo electoral al hilo, lo cierto es que a partir de ese evento, se inicia una especie de competencia entre diferentes figuras del liberacionismo para desmarcarse de un apoyo a la concesión. Alcaldes(as), diputados(as), dirigentes de todos los estratos del organigrama, cada quien se esforzó por decir que era un error. Incluso el mismo precandidato, Johnny Araya Monge, así lo manifestó, aunque a fé de sinceridad, nunca supe si lo hizo como alcalde o como precandidato (es terrible como este señor ha creado una especie de ubicuidad política).
Cuando Bernal Jiménez, presidente del PLN, rogaba a
quienes lo acosaban en Alajuela de que "yo estoy con
Ustedes", dió la señal de salida para que se iniciara u-
na verdadera orgía de zafadas de lomo por parte de di-
rigentes de ese partido a Laura Chinchilla.

A lo anterior debemos tener presente que coincide con las elecciones distritales del PLN, en el proceso de renovación de estructuras. Fue evidente la apatía y el sigilo de quienes acudieron a votar ese día, el domingo 21 de abril. No había banderas, ni carros pitando o con megafonía. Se habla de 250 mil personas que votaron, pero lo habrán hecho con el mayor secreto y clandestinidad, ya que nunca se vio mayor movimiento en las calles. Una posible lectura que se haya hecho desde las tiendas verdiblancas es que existía una crisis de moral en el liberacionismo, que lo inhibe a manifestarse públicamente. Al fin y al cabo, romper la representación de que Chinchilla es PLN no es tan fácil de erradicar con simples manifestaciones. La pregunta es, ¿se le habrá torcido el brazo desde el Balcón Verde a Zapote? No sería raro, máxime por la sincronía entre las primarias y el anuncio (prácticamente 24 horas).

Las lógicas de acción.

Ya he tratado de exponer las lógicas que utilizaron en la derecha, más en el plano del mero cálculo electoral que de otra cosa. Sin embargo hay otras dos lógicas que podrían subyacer en los demás actores. Y esas lógicas podrían entrar en contradicción y dependiendo de como se resuelva esta, podrían marcar mucho de lo que el Ejecutivo pueda tener como espacio de maniobra.

La lógica de la superación de las condiciones actuales: Muchas veces escuchamos discursos y argumentos que parecen apelar a una perspectiva de superación del orden actual. Básicamente se materializa en una especie de consigna que ha surgido ya desde hace varios días: Derogar la Ley de Concesiones. Hay una correcta identificación de esta ley como la materialización de una intención, de clara inspiracipon neoliberal, y que apunta hacia un disminución del Estado como ejecutor directo de infraestructura pública. Se llama a que debe ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quien debe llevar a cabo, directamente, dicha construcción. Y lo que subyace y sostendría dicho planteamiento es, llanamente, un concepción del Estado no necesariamente pequeño. Más que un Estado que simplemente contrate (o sea traslade fondos a lo privado), se involucre directamente en la planificación y ejecución de la obra.

Por otro lado, podría haber un sector que apueste por mantener el orden de cosas tal y como se encuentra actualmente. Son sectores que han asumido que la Historia realmente se acabó. Mezclando una visión liberal de la economía y el Estado, apelan a una moralidad de orden conservador para tratar de “adecentar” la vinculación funcionalizada entre Estado y empresa privada. Es por ello que no cuestionan el modelo de concesión de obra pública, apelan a que esta concesión debe ser apegada a la legalidad. Estos argumentos, debemos ser sinceros, en algunos casos se confundieron con los de superación de las condiciones actuales.

Ya esta tensión entre las lógicas se manifestó en la resistencia contra el TLC. Mientras algunos sectores argumentaban de que el problema principal era la base filosófico-ideológica del Libre Comercio; otros lo que cuestionaban era “este TLC”, tal y como lo manifestara en su momento, por ejemplo, Ottón Solís. Hoy la tensión puede darse de nuevo, sobre todo cuando el Ejecutivo ya ha comenzado a profetizar las múltiples maldiciones que nos llegarán al tener que dar por acabado el contrato con OAS. ¿Cómo se resolverá la contradicción? Sólo el tiempo lo dirá.

martes, 9 de abril de 2013

Privatizar es más que simplemente vender. El caso de FANAL

Los discursos de "no privatización" en Costa Rica
son simples lobos con piel 
de oveja.

¿Es la privatización del Estado únicamente la venta de activos? Esta reflexión es sumamente importante, sobre todo en Costa Rica, donde los sectores hegemónicos neoliberales, han tenido una especie de pudor, o bien de cálculo político, para no llegar a esos extremos.

En mi concepto, privatización va más allá de la simple venta, o traspaso, de actividades gestadas por el Estado al sector privado. Implica, ante todo, un esfuerzo lógicamente orientado para lograr un achicamiento del Estado. Este esfuerzo de acción lógicamente orientado (la lógica neoliberal, por supuesto), debe tener un correlato a nivel ideológico.

Precisamente hoy, en el Diario Extra aparece una nota titulada “Cederán administración de FANAL a privados”. Como parte de la misma se incluyen declaraciones de William Barrantes, Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), al que está adscrita la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

Empieza diciendo Barrantes:

La calidad con que se produce en la FANAL, que es de reconocimiento internacional podría ser mejorada si tuviésemos una administración en manos privadas. Lo que estamos haciendo es manteniendo la propiedad en manos del Estado, pero a su vez ponerlo a generar ingresos suficientes para financiar la comercialización agroalimentaria, lo que le estamos dando son los instrumentales para que pueda operar como una empresa verdadera” 

Esta sola frase permite explicar el porqué la privatización es, ante todo, una lógica de acción
Dicen que el lenguaje cotidiano
refleja la ideología profunda. De
ser cierto, William Barrantes de-
mostró tener una ideología "pri-
vatizada"
ideológicamente sostenida. ¿Porqué solamente “una administración en manos privadas” es lo que permite mejorar la calidad del producto de la FANAL? Se parte, por supuesto, de uno de los iedogramas favoritos de los neoliberales: el Estado es, per se, ineficiente e incapaz. No basta con que la calidad sea de reconocimiento internacional.

Inmediatamente se desmarca de las posibles críticas de que FANAL se vaya a privatizar, formalmente seguirá siendo propiedad del Estado, pero le incluimos, por la bendita intervención de lo privado (única forma aceptable para los neoliberales de forma de propiedad) el objetivo último de la lógica capitalista: aumentar los ingresos. Pero, ¿bastará el formalismo de que el Estado siga siendo titular de la propiedad de FANAL para decir, alegremente y candorosamente, que no se ha privatizado?

Para completar, una “empresa verdadera” parece que solamente son aquellas que están en régimen de propiedad privada. No sólo se desacredita cualquier forma de producción, suponemos que no sólo de bienes sino también de servicios, estatal; también quedan por fuera la propiedad cooperativa, autogestionaria, cogestionaria y comunal. Dígase, cualquier forma de propiedad social, ampliada o reducida, con beneficiarios difusos o concretos, nunca serán verdaderas empresas. ¿Qué define lo verdadero en las empresas privadas? Salvo otro criterio, el fin último de esta forma de propiedad: la apropiación privada del trabajo socialmente construido. O dicho de otra manera, la lógica de explotación capitalista del trabajo.

Así, se deja al ser humano de lado. Si la premisa es aumentar al máximo la plusvalía objeto de apropiación, esta pasa por aumentar hasta donde sea posible la explotación del trabajo. Una explotación que, eso sí, debe garantizar la reproducción material del agente que porta la fuerza de trabajo. El salario, como bien se ha discutido desde hace mucho tiempo, cumple con esa función.

Para el capital, las luchas obreras serán siempre un
mal, algo que debe ser anulado porque se opone a
su lógica de máxima acumulación vía máxima apropiación.

Fruto de la lucha de clases, la clase trabajadora logró obtener una serie de garantías que mejoraron sus condiciones de vida. La expresión máxima fue, sin lugar a dudas, las políticas de salarios crecientes que no sólo cubrieran las necesidades mínimas de reproducción material, sino que le permitieran acceder a ciertos bienes y servicios que mejoraron su calidad de vida integral. Asimismo, el Estado de Bienestar también vino a cubrir muchas de esas necesidades, vía servicios públicos de educación y salud -principalmente- de carácter universal y solidariamente financiados.

En Costa Rica, por razones que aún está por examinar a profundidad, la acción sindical reinvindicativa, se plasmó principalmente en el sector público. Fue en este donde la figura de la convención colectiva, utilizada ampliamente en Europa por ejemplo, se dió e inclusó promovió, no así en el sector privado. Hoy, cuando la arremetida del capital ha cobrado una nueva carrerilla, se arremete en contra de estas conquistas de los(as) trabajadores(as). Véase la siguiente frase de Barrantes:

En esa línea Barrantes aseguró que en la nueva figura del CNP establecerán a sus trabajadores la figura de salario único, y dejarán atrás la convención colectiva, que es insostenible para las finanzas de la institución.
Bajo esa figura explicó que a los 400 empleados de la institución se le cancelarán los derechos laborales y se recontratará a quienes cumplan con el nuevo perfil.
Se determinan cuáles son los requerimientos en términos de perfiles profesionales. La gente que ha hecho bien la tarea y tiene conocimiento se recontratará” 

Se castiga a la clase trabajadora con, por un lado el chantaje y por otro colocar a estos(as) trabajadores(as) en una situación de sumisión (mayor). Se despedirán a los(as) 400 funcionarios(as) y solamente aquellos “que han hecho bien la tarea y tiene conocimiento” sería recontratada, pero con un salario único (obviamente menor). Salario único al que se le ha querido presentar como la única forma de salvar las finanzas del Estado.

Esta ha sido la constante del discurso del Ministro de Hacienda, Ayales. Esta es uno de los reclamos permanentes de las cámaras empresariales. Y la razón es obvia, el mantener las conveciones colectivas es un pésimo referente, no vaya a ser que un día de estos ocurra uno de esos episodios de lucidez saramagianos y los(as) trabajadores(as) privados se les ocurra pedir lo mismo.