sábado, 27 de abril de 2013

El Poder Judicial bajo asalto. El asedio neoliberal de la justicia


Desde hace varios meses se vienen observando una serie de acontecimientos que, al ponerlo juntos, tienen una regularidad, un esfuerzo por cooptar el Poder Judicial en sus más altas instancias, tratando de que los puestos de magistrados(as) sean ocupados por personas que respondan a un perfil ideológico afín a ciertos intereses económicos.

Estos intereses económicos los podemos identificar con los sectores interesados en impulsar y consolidar uno que responda a las lógicas neoliberales. Son aquellos sectores vinculados directamente con un modelo exportador, desregulador en lo económico y altamente autoritario en lo social. Es el modelo de quienes están vinculados a los intereses privados para obtener concesiones de obra pública, contratos multimillonarios para ejecutar tareas que debería realizar el Estado. Son quienes han creado una corrupta simbiosis entre lo público y lo privado. Bien lo ha sintetizado el diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional cuando declaró que: 
Nosotros (el PLN) no vamos a elegir, por ejemplo, a un magistrado que se oponga al modelo de desarrollo económico que este país definió en un referéndum. Si nos sale un magistrado que dice que él no cree en este modelo de desarrollo y que cree en el estatismo, no lo vamos a elegir” [1]. 
Vale aclarar que quienes tienen esos intereses no operan directamente, lo hacen a través de sus agentes políticos, como es el caso de Molina.
Fabio Molina, jefe de fracción
del PLN ha operado como el
principal agente político para
lograr un Poder Judicial fun-
cionalizado a los intereses e-
conómicos neoliberales.

El hecho en que este asedio quedó patente para la sociedad costarricense se da cuando se intentó frenar la reelección de Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional. Ya en ese momento los argumentos que se esgrimieron fueron en la línea de las declaraciones arriba consignadas del diputado Molina.

Esta estrategia de coptación del Poder Judicial se ha vuelto a manifestar ante la muerte de Luis Paulino Mora, que fungía como Presidente del Poder Judicial. Desde su muerte se ha venido dilatando la elección de su reemplazo. Y esto puede ser indicativo de fuertes tensiones de orden político e ideológico al seno de la Corte Plena. Magistrados(as) más conservadores no lo aceptan así. Sin embargo, sí han habido voces que lo han señalado como tal.

Así, por ejemplo, Rolando Vega, magistrado de la Sala II, manifestó en el periódico La Nación que: 
“Se está evadiendo (la elección del presidente del Poder Judicial), y es por cálculos políticos, a nivel interno, de las personas que, probablemente, no han manifestado su interés real de aspirar a la presidencia y están esperando que otras personas se desgasten”. 
En esa misma línea se manifestó el magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz, al manifestar que: 
“No hay duda de que sí hay un estira y encoge que tiene que ver con cálculos: los que creen que debe ser más lento o están pensando en alguna persona, o también tienen aspiraciones o creen que no ha salido el candidato”. [2]
La última manifestación ocurrió precisamente ayer, 26 de abril, cuando en una votación secreta y privada, la Sala III decidió no reelegir a José Manuel Arroyo como presidente de este tribunal. En su lugar se eligió a Carlos Chinchilla. Esta decisión debe, entonces, contextualizarse para logra demostrar lo que manejamos como hipótesis de este túnel: Hay una intención de crear una hegemonía absoluta en el Poder Judicial, de tal manera que ciertos intereses, identificables con lógicas neoliberales, posean un brazo represor por un lado y legitimador por el otro.
Arroyo (izq.) y Chinchilla (der.) representan dos polos
de la concepción de lo que debe ser la justicia penal.
Arroyo representa una visión más amplia mientras que
Chinchilla representa una visión que se ha caracteriza-
do como "populista punitiva"

Un mal inicio.

Lo primero que llama la atención es el absoluto secretismo y opacidad con la que ocurrió este evento. La misma prensa debió consignar un hecho increíble en estos casos. Al preguntarse sobre detalles de la elección, simplemente recibieron, de parte de la Oficina de Prensa del Poder Judicial un escueto no darían declaraciones. [3]

Este mal inicio, autoritario y desvinculado de la transparencia y rendición de cuentas, ya de alguna manera lo advertía el mismo Arroyo. En una nota al respecto en el medio digital CRHoy, este magistrado decía que “...ha trabajado muy fuerte en la instauración de los Tribunales de Flagrancia, y la implementación de los Tribunales de Apelaciones, por lo que de no quedar electo, a los costarricenses se les deberían explicar las razones de esa decisión. [4] El no haberlo hecho ya denota tensiones fuertes.

A Chinchilla se le puede caracterizar como un “populista punitivo”, según la definición que propuso Federico Campos en un artículo del 2009, publicado en La Nación. Para este abogado, el populismo punitivo “... propugna –en perjuicio de los ciudadanos– por un sistema de derecho penal más represivo y con garantías degradadas. [5]. Por el contrario, Arroyo representa lo que, despectivamente, estos populistas punitivos han denominado “garantistas” o “abolicionistas”. Según el mismo Campos, en su artículo, Chinchilla se ha referido al garantismo como “permisivo y alcahueta”. ¿Lo es? La respuesta viene en ese mismo texto: 
El garantismo penal no pretende jamás favorecer la impunidad y menos a quienes cometen hechos delictivos. El garantismo penal en un Estado de Derecho es aquel que defiende “a capa y espada” la tutela de las garantías que están contempladas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los ciudadanos y las ciudadanas requieren estas “herramientas útiles” (garantías) para evitar que quienes ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades que menoscaben sus derechos y libertades públicas.” [5]. 
Más adelante presentaremos algunos hechos que podrían confirmar esta dicotomía que planteamos.

La elección de Chinchilla.

Chinchilla ha estado siempre vinculado al Poder Judicial. En 8 de enero del 2007, después de una serie de largas sesiones de votación, fue electo con el voto de 38 diputados de la Asamblea Legislativa. Las fracciones que le apoyaron fueron las de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario, además de los diputados Guyón Massey y José Manuel Echandi.

El que haya sido electo fue producto de una negociación entre los partidos consignados y presiones que se ejercieron sobre Echandi, a pesar de que él lo negó siempre. La nota periodística de La Nación así lo consigna: “En un receso decretado en medio del fragor de la sesión, a Echandi lo rodearon unos diez diputados, incluida la jefa de fracción verdiblanca, Mayi Antillón.” [6]

La Asamblea Legislativa ha implementado un sistema de calificación, en una visión positivista, para recomendar al Plenario los candidatos más “aptos” para cualquier puesto. No siendo esta recomendación vinculante, al final muchas veces es un ejercicio en vano. De hecho así fue en el caso de Chinchilla. La terna recomendada contemplaba a Francisco Dall'Anesse, Rónald Salazar y Alfredo Chirino. Carlos Chinchilla tenía la cuarta mejor calificación. [7]

Durante el proceso, Dall'Anesse y Chinchilla eran los dos contedientes al puesto. En un momento dado, Dall'Anesse abandona. Un abandono no excento de cuestionamientos, tal y como lo denunció en su momento Alberto Salom, diputado del Partido Acción Ciudadana, al hablar de “negociaciones oscuras” enfocadas a lograr este retiro. Pero la denuncia va más allá: “Es un hombre (Carlos Chinchilla) con tradición y le deseo lo mejor, pero alrededor de él hubo negociaciones entre las fuerzas tradicionales y, tarde o temprano, se sabrán. Creo que el Tratado de Libre Comercio estuvo de por medio”. [8]

Chinchilla y sus posiciones

Trataremos ahora de presentar una serie de situaciones en las que Chinchilla se ha manifestado como un populista punitivo.

El disciplinamiento laboral autoritario: Para ilustrar la visión autoritaria de Chinchilla en las relaciones jerárquicas nos servirá el caso de la jueza penal de Pavas Kathya Jiménez. Dicha funcionaria judicial, en un caso de narcotráfico, en el 2011, le brindó a los inculpados arresto domiciliario. Su decisión fue criticada y vista como un error por parte de la jueza. Sin embargo, la forma en que se asume la medida correctiva fue absolutamente diferente entre Arroyo y Chinchilla. El primero se opuso a imponerle sanciones, ya que para él “...como todo ser humano, se pueden equivocar y que las vías para controlar esos errores son procesales y no disciplinarias.” [9] Mientras tanto, Chinchilla se mostró inflexible: “La jueza Jiménez identificó adecuadamente los presupuestos para la imposición de una medida cautelar, pero erró en la escogencia de las medidas sustitutivas (casa por cárcel) pues la alternativa no permitía razonablemente evitar la fuga de los acusados” [9]. Al final se impuso el criterio punitivo de Chinchilla, a la jueza se le impuso una rebaja de un mes de salario. Arroyo, preocupado, sentenció en ese momento: “...se les está mandando un mensaje a los jueces de que en cierto tipo de asuntos solo se tiene que aplicar la prisión preventiva porque, de lo contrario, se podrían enfrentar a una investigación disciplinaria” .[9]. Ahora que es presidente de la Sala III, ¿se cumplirán los temores de Arroyo?

El ethos aristocrático: La Sala III tiene como objeto de trabajo conocer los recursos de casación en materia penal, incluidos los casos complejos de corrupción. Uno de estos casos complejos es el que se conoce como Caja-Fischel. En este caso que conmocionó a la sociedad costarricense, uno de los imputados y condenados es el expresidente Rafael Angel Calderón Fournier, electo por el Partido Social Cristiana. Chinchilla fue uno de los cinco magistrados(as) que conocieron la casación. Pero en el transcurso ocurrieron dos situaciones importantes en las que estuvo involucrado Chinchilla.

En contra de su posición, con Calderón Four-
nier, Chinchilla se comportó garantista.
Primeramente, Chinchilla se plegó a una opinión levemente mayoritaria (3 de 5) que permitió una recalificación del delito que se le imputaba a Calderón Fournier y que, a la larga, rebajó la condena y con ello evitó cumplir pena en cárcel. En la reseña de la sentencia se pudo leer que: 
Ramírez, Pereira y Chinchilla decretaron la nulidad de la prueba documental recabada en Panamá, la cual formaba parte de una serie de evidencias bancarias provenientes de cinco países. La decisión también anuló todos los elementos probatorios de la sentencia que dependían directamente de esa prueba panameña. Con relación a este tema, Arroyo y Víquez salvaron el voto. (…) Ramírez, Pereira y Chinchilla declararon con lugar una parte del recurso de casación de Juan Marco Rivero y Gonzalo Fajardo, ambos abogados del expresidente Calderón. Como consecuencia, se recalificaron los delitos atribuidos a Calderón y se le redujo la pena.” [10].
Curiosamente, en este caso Chinchilla no demuestra tanta dureza con los reos objeto de penas de cárcel, como sí lo ha hecho en otros casos que presentaremos más adelante.
En esos mismos días, la Fiscalía General de la República recibe una denuncia en que, supuestamente, la esposa de Calderón Fournier y diputada, Gloria Bejarano, había efectuado llamadas a los(as) magistrados(as) para, aparentemente, tratar de influir en su decisión. Este órgano decide actuar de oficio e inicia una pesquisa preliminara para determinar si existía alguna evidencia al respecto. Sin entrar en detalles, la denuncia se archivó al no haber suficientes indicios. Chinchilla fue objeto de esta pesquisa, y al conocer el hecho monta en furia olímpica. De alguna manera su enojo radicaba en que consideraban que la Fiscalía no debía investigarles, supongo, que únicamente en virtud de su investidura. ¿Se quiere un ethos aristocrático más palpable? [11].

Populista y punitivo. La dimensión populista y punitiva de Chinchilla es evidente en la discusión que se está dando, con menor intensidad en estos días, por el proyecto de ley conocido como de Brazalete Electrónico. Dicho proyecto ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa y lo que pretende es que se use un brazalete electrónico para realizar una vigilancia de la ubicación, en tiempo real, de personas a las que se les haya concedido el beneficio de la ejecución condicional de la pena. Los brazaletes se usarían para casos de prisiones preventivas, libertades condicionales, condenados por primera vez a seis años o menos, mujeres embarazadas y/o con hijos menores y reos enfermos. [12]. Asimismo, su aprobación debería pasar por el análisis y aprobación del Instituto Nacional de Criminología. La Jefa de la Defensora Pública argumentaba que: ”Son casos en los que todo el proceso de preparación y etapa de investigación haya servido para demostrar que no es conveniente que ingrese a un sistema donde puede contaminarse por agresiones, violaciones y la muerte en las cárceles” [13]. Parece sensato y razonable lo que se plantea, y sobre todo, pensando en la reinserción de estas personas a la sociedad.

Pero Chinchilla parece opinar diferente. Inmediatamente sale a la prensa, que dicho sea de paso le brinda espacio, para cargar en contra. Para este magistrado, cualquier persona condenada es peligrosísima (sic): “Si nuestro país quiere que más delincuentes peligrosos anden en la calle, aprobemos esta ley como está. Si quieren más seguridad jurídica y ciudadana, no podemos aprobar este proyecto de ley porque es peligrosísimo”. [14]. El miedo como mecanismo de control social, tan querido y bien aplicado por el capitalismo neoliberal, al menos en nuestros días.

Después carga con las falacias. Al contrario de lo que se expuso por parte de la Defensoría Pública, Chinchilla da unas declaraciones alarmistas y falaces: “con el proyecto les estamos diciendo a las personas que si cometen un hecho delictivo que no va más allá de los 6 años (de prisión) y son primarias, el juez podría ponerle mecanismo electrónico y salir en libertad”. [14]. Y claro está, justifica esta postura como una aberración ideológica: ”Esto viene de la idea de corrientes abolicionistas que quieren destruir el sistema penal. Estamos para fortalecerlo y no es brindando mayores garantías a los sentenciados” [14]. Por cierto, no sé si fue un gazapo o es lo que realmente piensa, pero nótese como confunde los términos garantías con beneficios.

Dicho sea de paso, las estadísticas del Poder Judicial
Las cárceles costarricenses están hacinadas.
Sin embargo, Chinchilla descalifica cualquier
propuesta que busque alternativas.
indican que el beneficio de la libertad condicional en Costa Rica no es tan generoso como parece. Entre el 2010 y el 2012 solamente contaron con este beneficio 451 personas. Si a esto le unimos que las visiones punitivas de cárcel del ejercicio de la justicia penal en Costa Rica se han venido imponiendo (parece ser la única salida a la comisión de delitos), hecho que ha ocasionado un sobrepoblamiento de los centros de reclusión; tenemos una tasa de encarcelados de 323 personas por cada 100 mil habitantes (el máximo aceptable es de 204 por cada 100 mil), se entiende también la necesidad social de buscar formas alternas de cumplimiento de pena. Lástima en que todo este debate nunca apareció la discusión de cuales son los motivos reales.

Porque una discusión de este tipo debería llegar a la conclusión de que se trata de una cuestión sistémica, de que al final de cuentas es el actual modelo lo que favorece este aumento del hecho delictivo. Y esto no sería crear un buen ambiente para los negocios. Así, Chinchilla nos ofrece la solución más facilona, barrer la basura debajo de la alfombra, esconder el hecho para obviar las causas.

Referencias














5 comentarios:

  1. Magnífica contribución, Juan. Sumamente esclarecedor. Muchas gracias. -- Luis Paulino

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  3. Excelente razonamiento, con ejemplos concretos, de esta peligrosa tendencia a institucionalizar la corrupción y el trasiego de puestos por compromiso ideológico en detrimento de la independencia de poderes. Con mucho gusto lo difundiré.

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  4. Y el tiempo y la guerra para despojarnos de la independencia a favor de los políticos le sigue dando la razón maestro

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